PARAGUAY: La violencia contra los niños de la calle se debe a la inacción del gobierno

Un niño indígena de la calle fue baleado por un automovilista, a quien le había pedido plata de manera poco cortés.

La reacción del conductor, que aquí no se pretende justificar, es una clara señal de que la ciudadanía se hartó de los niños mendigos, que pueblan las esquinas con semáforos de la capital departamental. Un caso similar ocurrió en lo que va del año, en el semáforo ubicado en inmediaciones del Mercado de Abasto de CDE, donde un menor también fue herido de un balazo.

El reciente episodio nuevamente disparó la polémica sobre qué hacer con los niños de la calle, es decir, con los chicos mendigos que en los cruces semafóricos se ofrecen para limpiar parabrisas, vender cosas o simplemente pedir dinero.

Desde hace muchos años se ha venido hablando y escribiendo abundantemente sobre ellos, sobre el estado de riesgo en el que se encuentran, sobre la explotación de que son objeto casi todos ellos, de que ese ambiente constituye la etapa previa a la delincuencia y otras formas de violencia, de que son un peligro para las personas, o una gran molestia, y un largo etcétera.

Hay muchos discursos “socialmente sensibles” (o sensibleros) de parte del gobierno y de las ONG. El propio presidente Fernando Lugo prometió en el mensaje inaugural de su gobierno que, junto con los indígenas, los niños de la calle iban a recibir su atención prioritaria. Pero nadie explica cómo es que con tantos discursos, dinero y aparatos burocráticos puestos en juego no pudo siquiera detenerse –ya no se diga reducir– el proceso de crecimiento del fenómeno.

No debemos olvidar que las personas que están en la calle tienen una cantidad de deficiencias mayor que el promedio de los habitantes, deficiencias que deben ser compensadas antes de que ingresen a cualquier actividad como la falta de educación, la mala salud, las pésimas condiciones de moralidad de su ambiente, una familia inexistente o desintegrada, su contacto permanente con el delito y muchas más.

Estos niños, si fueran adecuadamente entrenados, podrían trabajar en forma compatible con sus estudios, como hacen otros en los supermercados, en las entregas a domicilio, en tareas de menor responsabilidad y carga horaria que en todas partes se requieren.

Porque si tienen tiempo para gastar sus monedas y su tiempo en locales de juegos electrónicos, mucho mejor les vendrá una actividad laboral, pese a los cuestionables argumentos de quienes se oponen al llamado trabajo infantil.

Estos que defienden a los niños trabajadores de la calle se oponen al trabajo serio, acorde con sus posibilidades y sus edades, que muchas empresas quieren ofrecer a los niños y adolescentes. Estos son los hechos que deben ser discutidos con franqueza y sin los remilgos populistas del “aichejáranga”.

Son obstáculos enormes, reales, bien visibles pues están frente a nuestras narices desde hace al menos una generación.

Las autoridades estatales y las ONG que reciben fondos para encarar estos casos continúan, por tanto, siendo los principales responsables de impulsar soluciones a este grave problema de los “trabajadores” de la vía pública. La violencia ciudadana que empieza a desatarse contra estos chicos, también violentos e igualmente víctimas de este sistema, es responsabilidad única y exclusiva de las autoridades, que hasta ahora nada hicieron.

Ayuda El Movimiento de Esperanza Romper el Ciclo de Abuso!